“Tenemos unos okupas aquí en mi empresa, la Administración y los Juzgados”

La lucha de Jorge Talavera con la Administración de justicia para el cobro de los servicios prestados dura más de una década.

Jorge Talavera es empresario desde hace 50 años y ha estado trabajando para varias entidades públicas y privadas. En el año 2001, recibió una llamada del Juez Decano de Alicante, porque tenían un gran problema con los coches robados o incautados por la policía. Talavera explicó que “el decanato no podía hacernos contrato. Reunió a los decanos de la provincia para explicarles el problema, informando a la Generalitat, y deciden nombrarme Depositario Judicial en el año 2003, resaltando que somos un depósito privado y oneroso”.

“Aunque la Administración no nos reconoce, pero sí que acepta que somos Depositarios Judiciales y que estamos capacitados para llevar el depósito. En los juzgados, vamos preguntando la forma de cobrar los trabajos. Nos explican que los juzgados que lleven los casos lo incluirán en las costas. Van pasando los días, van pasando las semanas, van pasando los meses, y nadie se hace cargo de esas facturas”, señaló Jorge Talavera.

Sin embargo, Talavera también afirmó: “Como Depositario me he tomado las cosas muy en serio. Nosotros hemos pasado noches enteras, sábados y domingos, en un desguace junto con la Policía Nacional o la Guardia Civil. Siempre hemos estado ahí, a cualquier hora o día”.

A pesar de la gran labor que se estaba realizando, la situación económica era crítica y no podían resistir la presión de las deudas de la Administración. Talavera añadió: “estábamos haciendo un esfuerzo económico para financiar a la administración, que es lo que hemos hecho durante estos años. Hasta tuve que hipotecar mi casa para hacer frente a los pagos y a los gastos. Subía a Valencia para hablar con la subdirectora general de Justicia y con el Director General de Justicia, para saber cuándo íbamos a cobrar e intentar regular nuestra situación. ¿Por qué no hacen un concurso? No podemos estar sin contrato.”

A pesar de las promesas recibidas, la deuda seguía creciendo y la situación era más delicada, como explicó Talavera: “el banco me avisa que van a subastar mis viviendas. Decido volver a Valencia, y la Subdirectora General me dice que las facturas se me abonarán la semana siguiente. Los pagos no llegan, y vuelvo a Valencia. Me vuelven a indicar que el pago se hará la semana siguiente. El Director General quiere hablar conmigo, y me transmite que siente vergüenza porque así no se puede tratar a unas personas que están prestando un servicio y están poniendo su dinero. Efectivamente, el ingreso de las facturas llegó pronto. Aquello me salvó y entonces se plantea el concurso para regular la situación”.

Desde la empresa se prepara toda la documentación necesaria para presentarse al concurso, aunque también se presenta una tercera empresa. Cuando se abre el pliego resulta que gana la empresa de Valencia. Talavera señaló: “Presentamos un recurso, y nos damos cuenta de que la empresa ganadora viene de la mano de Serafín Castellanos. Revisamos el contrato y comprobamos que la empresa ganadora incumplía dos peticiones de la administración. Se recurre y ganamos en el TSJ. A pesar de todo, se quedaron con el depósito. Nos dieron una indemnización, pero nos quedamos fuera del sistema”.

En el depósito todavía quedan más de 200 coches. Los coches habían entrado por orden judicial, no de la administración. Por lo que, “nos dicen que debemos entregar los vehículos al nuevo depósito. Pero, no nos oponemos a entregar los vehículos con una orden judicial, no con una orden administrativa. Desde entonces, no hemos parado de mandar escritos con los listados de los vehículos que tenemos. Llevamos diez años esperando que nos den una solución”, recalcó Talavera.

Durante todo este tiempo se han generado un gran número de gastos que ha debido asumir la empresa, “imagínate el dinero que hemos pagado en salarios, instalaciones, impuestos… He pagado el IVA de muchas facturas que no he cobrado. Es vergonzoso en una administración”, declaró Talavera.

Con el cambio de gobierno, Vox asumió la dirección de la Consellería de Justicia. Tras una reunión llegaron a un acuerdo para saldar la deuda, aunque suponía cobrar menos de lo que era la deuda real. “Les dije a los representantes de Vox que no tenía ningún problema en devolver los vehículos, si ellos me firmaban un documento de la Administración de Justicia. El abogado que estaba presente les trasladó que era una locura firmar ese documento. Ellos no podían decidir lo que corresponde a un juez”, explicó Talavera.

Sin embargo, tras la salida de Vox del Consell, los nuevos responsables del Partido Popular deciden que las facturas presentadas no son válidas, y anulan los acuerdos alcanzados con Vox.

La situación de Jorge Talavera, tal y como él indica, es crítica y no tiene respuesta alguna por parte de la Administración, “los juzgados no me dicen quién debe hacerse cargo de los gastos y las facturas. No sabemos a quién debemos dirigirnos. La actuación de ciertos políticos deja mucho que desear”.

Victoria, responsable de administración del Depósito Judicial, analizó la situación creada por los impagos de la Administración, “desde el año 2014 estamos luchando para que la Administración de Justicia nos pague. Dado que no existe un contrato, nosotros somos los que tenemos que poner el precio, y ya lo conocían. Aceptan las facturas, y luego nos dicen que han prescrito”.

La situación de la empresa es crítica, no reciben respuestas ni plazos concretos para el cobro de las facturas pendientes de pago. Ahora, se ven obligados a acudir a un contencioso administrativo que pospondrá el pago de las facturas, como mínimo, dos años y medio.

Talavera lamentó que “si los vehículos se hubieran subastado, la Administración hubiera sacado un provecho económico. Ahora los vehículos son chatarra”.

A pesar de tanto sufrimiento, Talavera ha creado una fundación para ayudar a los chicos con problemas de adicciones: “Nos felicitan por el trabajo que realizamos con los chicos. Intentamos poder darles un futuro”.