Moción en defensa de un modelo educativo equilibrado y contra la imposición ideológica en la elección de la lengua base
Eugenio Toledo Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista al Ayuntamiento de San Vicente
del Raspeig y en aplicación de la Ley 8/2010 de la Generalitat, de 23 de junio, de Régimen Local de
la Comunidad Valenciana, y en conformidad con el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el cual se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (R.O.F.), presenta para su inclusión y debate en el Pleno de esta corporación la
siguiente moción:
La aprobación de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV) en 1983 fue un claro ejemplo
del espíritu conciliador, de consenso y apertura democrática que se inició después de la dictadura
franquista, ya que logró unanimidad en Les Corts Valencianes, garantizando el derecho de toda la
ciudadanía a conocer y utilizar las dos lenguas oficiales.
Este consenso permitió que el valenciano, una lengua minorizada hasta ese momento, tuviera un
marco legal que protegiera su recuperación sin perjudicar el derecho de la ciudadanía a aprender
simultáneamente en castellano. Se establecieron criterios progresivos y flexibles, adaptados a la
realidad sociolingüística y cultural de cada municipio, y se reguló la exención del valenciano en
determinadas zonas, fomentando un equilibrio territorial, cultural y social.
Después, con la presencia de diferentes equipos de gobierno autonómico, indicados como
antagonistas por las líneas ideológicas más o menos enfrentadas, según los intereses del momento
histórico que se vivían, el proceso de convivencia lingüística primigenia se convirtió en una
verdadera guerra de trincheras en la que en cada batalla finalizada, el equipo vencedor, aplicaba una
dinámica de “tierra quemada” al sistema educativo de nuestra comunidad. Ignoro los motivos de
tales estrategias aunque los puedo imaginar, lo que sí conozco de primera mano son las
consecuencias; el proceso de cooficialidad sigue existiendo desde el marco legal pero el proceso
democrático de convivencia lingüística y comunicativa se ha visto deteriorado y, ahora, con la
consulta en la que se centra esta moción, se pretende comprometer definitivamente esta comunión
cultural y abocarla a un conflicto social. Todo ello parece ser solo por la obtención de rédito político
al polarizar y dividir contundentemente a la población de nuestra comunidad.
Con la consulta anunciada por la Conselleria d’Educació el modelo de convivencia equitativa y
democrática entre las lenguas cooficiales queda en peligro y expuesto al fracaso.
Durante décadas, la Comunidad Valenciana ha trabajado en la consolidación de un sistema
educativo bilingüe que garantiza el aprendizaje del valenciano y el castellano en igualdad de
condiciones, además de una tercera lengua, en este caso, extranjera. Cualquier alteración de este
equilibrio pone en riesgo los avances logrados y puede generar discriminación lingüística negativa.
Esta es una consulta sesgada y sin garantías democráticas. La propuesta de esta consulta, impuesta
por la Conselleria d’Educació, no responde a criterios pedagógicos ni curriculares, sino a una
estrategia política de desmantelamiento del valenciano en la enseñanza de nuestra comunidad.
La falta de transparencia en su diseño y la exclusión de la comunidad educativa como participante
en su planificación son rasgos inaceptables y suponen otro factor más, que provocan la desafección
sobre el sistema educativo y descrédito de la clase política dirigente, que sigue mostrándose, en este
caso, alejada de las necesidades reales de la ciudadanía y desconectada del contexto educativo.
Como consecuencia de lo descrito anteriormente, se percibe un verdadero riesgo de fractura social y
educativa causada por la división que genera la consulta. La implantación de una lengua base
distinta en cada centro, sin planificación ni consenso, generará diferencias entre colegios e
institutos, dificultará la movilidad del alumnado y aumentará la segregación. En lugar de garantizar
igualdad de oportunidades, esta medida puede convertir la lengua en un factor de división y
convertir la lengua en el criterio de segregación nos recuerda otros tiempos en los que la dictadura
franquista campaba a sus anchas.
Incluso se puede dar la paradoja consistente en que una familia que haya elegido un centro
educativo libre y preferentemente, (se supone que este hecho se erige como el producto estrella de
la Ley de libertad educativa), tenga que irse a otro centro cercano al elegido porque no cumpla con
sus elecciones lingüísticas, es decir, la elección de la lengua base puede ser antitética a la selección
de centro educativo y viceversa. Un sinsentido total. ¿Dónde queda entonces la tan manida libertad
educativa?
Simplemente, con la convocatoria de la consulta, con este simple hecho, ya se percibe un ataque a la
cooficialidad y al derecho a aprender valenciano en condiciones equitativas y equilibradas. La
consulta no tiene en cuenta que la Generalitat tiene la obligación legal de garantizar que todo el
alumnado finalice la educación obligatoria con un dominio suficiente del valenciano y del
castellano. Romper este equilibrio atenta contra el derecho de las futuras generaciones a conocer su
propia lengua y cultura, comprometiendo en buena medida su futuro laboral en nuestra comunidad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista, propone al Pleno Municipal los siguientes
acuerdos :
- Exigir la paralización inmediata de la consulta, al considerarla una medida
precipitada, sin respaldo técnico, sin argumentario científico, ni garantías democráticas ni
pedagógicas. Todo ello para defender el modelo educativo actual, que permite el aprendizaje
equilibrado de las dos lenguas oficiales y una tercera lengua extranjera, garantizando la cohesión
social y la igualdad de oportunidades. - Instar a la Generalitat Valenciana a blindar la enseñanza del valenciano en el sistema
educativo, evitando su debilitamiento mediante medidas unilaterales, consultas manipulables o
procedimientos sin rigor científico. - Recordar a la Administración que con la nueva Ley de libertad educativa, con esta
reforma, los Consejos Escolares pierden autonomía en la planificación lingüística, lo que puede
generar problemas de gestión en los centros y limitar la capacidad de adaptación a su contexto
sociolingüístico. Esto supone un paso atrás en la democratización de la enseñanza, para ello la
recuperación y el refuerzo del papel de los consejos escolares en la toma de decisiones lingüísticas,
asegurando que se respete la convivencia y la calidad educativa. - Reafirmar el compromiso con la convivencia lingüística, denunciando cualquier
intento de convertir la Educación en un campo de batalla ideológico. Apoyando, a la vez, a la
comunidad educativa en la defensa de un sistema estable basado en criterios curriculares, con
fundamentos pedagógicos incuestionables y sin interferencias partidistas que busquen debilitar el
uso del valenciano. - Trasladar este acuerdo a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria
de Educación, a Les Corts Valencianes y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.