Los cambios lingüísticos de la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana nos parecen tibios y que discriminan a muchas familias hispanohablantes

Desde hace meses estamos asistiendo a un ir y venir de titulares y declaraciones que se refieren a un “arreglo” del desaguisado lingüístico que dejó en la Comunidad Valenciana el Gobierno de Socialistas y Compromís. El Partido Popular y VOX prometieron antes de formar el actual gobierno bipartito que acabarían con la imposición lingüística y fueron bastante específicos en cuanto a lo que harían en la enseñanza para acabar con la inmersión obligatoria en lengua regional, que se estaba implantando a marchas forzadas en el sistema educativo.

Tanto PP como VOX defendieron en público la libertad de elección de lengua, que sean las familias las que elijan la lengua vehicular en la Enseñanza, tal y como proponemos desde Hablamos Español, pero lo que estamos viendo no nos convence, es más, nos preocupa, de manera que vamos a explicar qué está pasando, a tenor de nuestra experiencia y a la vista de la actitud de los responsables políticos en relación a este problema. Lo presentamos de forma esquemática y lo desarrollamos de manera un poco más pormenorizada en el podcast que se adjunta.

Nos gustaría añadir una cuestión que no aparece en el esquema: los libros de texto no podrán cambiarse por ahora, porque se seguirá lo establecido en la normativa que busca evitar que las familias tengan que hacer ese gasto de forma frecuente. Creemos que la Consejería debería hacer un esfuerzo económico en este caso para adaptar los libros a la lengua vehicular de las asignaturas, si esta se cambia. La consejería no aclara qué sucederá con los alumnos más pequeños sujetos al plan experimental de inmersión. Analizando los datos de las localidades de «predominio castellano», nos estamos encontrando con centros que tienen este plan. También hay no pocos colegios de estas zonas, donde se imparten más horas en lengua regional que el mínimo establecido. No es de esperar que esos Consejos Escolares sean proclives a cambiar sus proyectos lingüísticos. Estamos realizando un estudio al respecto, pero, tengan en cuenta, a modo de adelanto, la situación en San Vicente del Raspeig, Alicante, donde hay 4 centros de Primaria con más asignaturas en valenciano que las exigidas y un centro con Plan Experimental de Inmersión. De sus 4 IES, uno tiene más valenciano que el exigido y otro tiene Plan Experimental. ¿Piensa la Consejería que será fácil arreglar la situación de estos centros? ¿Qué van a hacer con los planes experimentales?

Por otra parte, el bloqueo al que están sometiendo a nuestra Ley de Libertad de Elección de Lengua, que se tiene que tramitar en forma de Iniciativa Legislativa Popular y que ha sido avalada por el cuádruple de firmas certificadas exigidas, nos hace pensar que el sistema que en realidad se quiere implantar es el de porcentajes impuestos, algo pedagógicamente negativo y que alargaría y enquistaría la imposición lingüística en la Comunidad Valenciana, una comunidad que podría ser pionera en respeto al principio de cooficialidad lingüística tal como se concibe en todas las democracias.

El Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana del 30 de diciembre de 2023 refleja unos cambios normativos que la Consejería de Educación presentó como un gran avance. ¿Qué supone en realidad ese cambio? ¿Qué ha hecho hasta ahora esta consejería para aproximarse a la prometida libertad de elección lingüística?

1. Positivo.

Supresión de la Oficina de Derechos Lingüísticos, creada en 2022, y del Consejo Social de las Lenguas, creado en 2018. Este tipo de organismos tienen la función de crear un falso victimismo para amparar la discriminación hacia los hispanohablantes, además de llevar la esencia del chiringuito lingüístico.

Cambios normativos para que todos los alumnos de la comunidad, también los que vivan en población declarada de «predominio castellano», cursen la asignatura de valenciano. Nos parece bien el aprendizaje de la lengua regional de forma sensata, sin adoctrinamiento y en el marco de un sistema de elección de lengua vehicular.

2. Tibio y discriminatorio.

Se suspenden varios apartados de la Ley de Plurilingüismo. Se podrán cambiar los proyectos lingüísticos; ya no será obligatorio estudiar al menos un 25% de asignaturas (con una troncal) en valenciano, pero solo se aplicará al alumnado de localidades declaradas castellanohablantes, discriminando a los demás alumnos hispanohablantes de la comunidad. Además, en la letra pequeña nos dicen que ese cambio no lo decidirán las familias, sino los consejos escolares que, en no pocas ocasiones están mediatizados y que ya han optado por aprobar proyectos lingüísticos con poca presencia del español.

3. Negativo.

Las familias siguen teniendo que reclamar su derecho a recibir las comunicaciones, también, en español. La Consejería se niega a extender este derecho, que ampara la Constitución española. Tampoco quiere garantizar el derecho a responder los exámenes en español y nos lo está poniendo muy difícil, también, para reclamar que se imparta, al menos, el 25% de español en algunos centros donde hay inmersión de troncales en valenciano.