Las socialistas interpelan a la Comisión Europea sobre la responsabilidad jurídica de los productos que se venden online

Las eurodiputadas socialistas Leire Pajín, Laura Ballarín y Sandra Gómez han interpelado a la Comisión Europea sobre la llegada descontrolada a Europa de productos que no cumplen con los estándares europeos, ponen en peligro la salud de los consumidores y perjudican a fabricantes y comerciantes comunitarios, que sí están sometidos a normas y controles estrictos.

En una pregunta escrita dirigida al ejecutivo comunitario, las eurodiputadas advierten de que los consumidores reciben productos de terceros países sin verificar por responsables de la UE. “Según la legislación vigente, las plataformas deben actuar principalmente en función de los avisos de las autoridades, pero probar un solo producto puede costar entre 500 y mil euros, lo que supone una carga desproporcionada para las autoridades públicas”, señalan.

«El mercado interior europeo debe basarse en reglas comunes, también para las grandes plataformas en línea. No puede exigirse a los fabricantes locales lo que otros incumplen sin consecuencias», ha subrayado Laura Ballarín, coordinadora socialista en la Comisión de Mercado Interior del Europarlamento.

“Buscamos proteger a nuestros sectores estratégicos, como el sector juguetero alicantino para que puedan desarrollarse sin una competencia desleal. Abogamos por un mercado europeo justo y seguro. Pues lo principal es proteger a nuestra ciudadanía frente a productos inseguros». señala Leire Pajín.

Por su parte, Sandra Gómez ha indicado que «las plataformas que operan en el mercado europeo no pueden esconderse detrás de estructuras opacas para eludir su responsabilidad. Si obtienen beneficios en Europa, deben asumir también obligaciones claras y responder jurídicamente».

Por este motivo, las eurodiputadas preguntan a la Comisión cómo garantiza la aplicación de la normativa, y a quién se considera legalmente responsable de los productos cuando el vendedor no está establecido en la UE.

Además, plantean si las plataformas deberían asumir la responsabilidad de los productos que publican cuando no se pueda identificar al responsable, para reducir la carga de las autoridades y subsanar las deficiencias en la aplicación de la normativa.