EUPV pide el rechazo de la Diputación de Alicante a la liberación del sector de la estiba y condena las declaraciones del presidente de la CEV
La diputada de EUPV en la Diputación de Alicante, Raquel Pérez, defenderá mañana una moción en el Pleno de la Corporación Provincial en la que solicita que esta administración manifiesta su total oposición a la liberalización del sector de la estiba por considerar que está hecha a medida de los intereses de las multinacionales.
La edil insta con esta moción al Ministerio de Fomento, a las empresas y a los trabajadores a que consensuen las medidas que permitan superar la incertidumbre generada a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014. Asimismo, Pérez ha condenado rotundamente las palabras del presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, exigiendo al ejercito su intervención por ejercer un derecho inalienable de los trabajadores como es la huelga. “Debería cuanto menos disculparse ante la gran barbaridad que ha demandado ya que acusa a los estibadores de coaccionar por reivindicar sus condiciones laborales y amenaza con sacar al ejército. Lamentable demostración de una persona con una responsabilidad como la suya”, ha afirmado la portavoz de EUPV en la Diputación de Alicante. Por otra parte, ha recordado que en 2010 se llevó a cabo la reforma de la Ley de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de interés General del Estado con un amplio apoyo parlamentario, pero que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 11 de diciembre de 2014 obliga a España a llevar a cabo determinadas modificaciones legales y convencionales, provocando así la incertidumbre en las empresas portuarias y en los trabajadores del sector.
A favor de la solución del conflicto generado en los últimos tres años se han realizado numerosos encuentros entre el Ministerio de Fomento o Puertos del Estado, la patronal del sector (ANESCO) y los sindicatos mayoritarios de la estiba. Dicha sentencia nada tiene que ver con las pretensiones reales del Gobierno, incluso los propios trabajadores han puesto sobre la mesa una propuesta que cumple con lo dictado por el tribunal pero sin poner en riesgo los puestos de trabajo formados por más de 6.000 trabajadores, y sin llevar la precariedad al sector de la estiba. “Es necesario recordar que la financiera JP Morgan lleva años presionando al Gobierno para liberalizar el sector de la estiba en España. Dicha entidad financiera, a través de su división Asset Management Infraestructure Investment Group, controla Noatum, el principal operador portuario de Europa con una posición de liderazgo en los puertos Españoles”, ha explicado la diputada alicantina, quien ha añadido que, de esta forma, el Gobierno pretende hacer de España el epicentro de servicios portuarios low cost europeos, donde las pequeñas y medianas empresas estibadoras estarán condenadas ya que solo habrá espacio para las más grandes.
Otras propuestas incluidas en el texto de la moción son que la Diputación de Alicante defienda que el acceso a los puestos de trabajo se haga con criterios objetivos y baremados, en un proceso transparente y debidamente publicitado, así como que inste al Gobierno del Estado español que en caso de que se apruebe una nueva regulación normativa la misma respete todos los derechos laborales conquistados por el sector al mismo tiempo que introduzca garantías para el acceso al empleo sin discriminación de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad.