EUPV denuncia ante la Fiscalía Provincial una presunta adjudicación ilegal por parte del PP en la Diputación de Alicante

La diputada de EUPV por Alicante, Raquel Pérez, ha presentado esta mañana ante la Fiscalía Provincial de Alicante una denuncia por posible vulneración de la legalidad vigente de la Diputación de Alicante en la adjudicación de un contrato de comunicación por parte de la Corporación Provincial a Zenith BR Media, S.A. en junio de 2016.

Entre las justificaciones aducidas por Pérez en el escrito destaca el hecho que el pliego técnico para la licitación está firmado por personal eventual, que el propio presidente de la Diputación, César Sánchez, no ratifica el pliego a pesar de ser Presidencia la que genera la necesidad y justificación del inicio del proceso de licitación, el hecho que se adjudicara a esta empresa a pesar de ser la única propuesta, de un total de siete, que presenta una baja temeraria o que fue una de las firmas de publicidad que se encargó de la salida a Bolsa de Bankia y cuyos directivos fueron imputados, en el caso Rato por el Juez de instrucción 31 de Madrid. Según ha explicado la portavoz del grupo provincial de EUPV en la Diputación de Alicante, el 11 de febrero de 2016 se elabora y redacta el pliego de prescripciones técnicas para la contratación de la planificación y compra de medios para campañas de comunicación, “el mismo día que se informa de su justificación de necesidad, por lo que ya encontramos la primera irregularidad, a la que hay que sumar que el pliego técnico para la licitación está firmado por personal eventual, es decir, asesores políticos del propio partido que gobierna actualmente en la Diputación de Alicante”.

Según ha indicado Raquel Pérez, “se procedió de esta manera a pesar que el ROF no recoge la capacidad de delegar competencias al personal eventual político”. Cabe destacar –ha apuntado la diputada- “que en 2012 estas dos personas, Antonio Vicente Peral y José Manuel Santamans, formaban parte de equipo de gobierno del Partido Popular de la Generalitat Valenciana cuando también se adjudicó a la misma empresa el mismo servicio, bajo el mismo pliego de condiciones, por el mismo concepto y precio”.

En concreto, Peral fue diputado de Responsabilidades en las Cortes Valencianas desde 2007 a 2015 con responsabilidades en Nuevas Tecnologías, Sociedad de la Información y Redes Sociales, mientras que Santamans fue asesor de Presidencia desde 2011 a 2013, gestionando el área de Relaciones Informativas.

Investigados por el caso Bankia

Por otra parte, Raquel Pérez también ha denunciado que los administradores de la empresa adjudicataria fueron investigados contra la Hacienda Pública de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares. En concreto, -ha continuado- fue una de las firmas de publicidad que se encargó de la salida a Bolsa de Bankia y cuyos directivos fueron imputados, en el caso Rato por el Juez de instrucción 31 de Madrid. Asimismo, algún consejero delegado de la compañía, actualmente, estaba entre la lista de investigados por delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares.

Baja temeraria

Igualmente, Raquel Pérez incluye en la denuncia presentada hoy que en el acta de la mesa de contratación de sesión 16 de junio de 2016 se recoge que para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se aplicara un solo criterio de adjudicación y que es el precio más bajo y, por tanto, se adjudica a Zenith BR Media, S.A. por ser la más competitiva a nivel económico al ofrecer un descuento del 89’22 por ciento sobre el precio de licitación de 870.000 euros.

Según la legislación vigente en relación a los contratos del Sector Público, cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma.
“Esta obligatoriedad no se ha dado y, por tanto, estamos ante una posible vulneración por parte de la Diputación de Alicante como entidad adjudicadora el procedimiento legal de adjudicación de contratos públicos, fácilmente verificable esta actuación a través de las actas de mesa de contratación referidas”, ha manifestado la diputada.

En definitiva, “consideramos que estamos ante una serie de irregularidades que no se pueden permitir en una Corporación Provincial que, además, alardea de ser transparente en su gestión”, ha dicho Pérez, quien ha añadido que la denuncia planteada hoy “demuestra que es muy probable que el PP continúe utilizando las administraciones públicas en las que gobiernan para seguir adjudicando contratos a sus amigos y, por tanto, utilizando el dinero público para beneficio de unos pocos conocidos”.