EUPV cuestiona la falta de convocatorias de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo desde finales de 2010
El diputado de EUPV en el Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, y la diputada provincial de EUPV por Alicante, Raquel Pérez, han anunciado hoy en rueda de prensa la pregunta que se ha presentado ante la Mesa del Congreso para que explique los motivos por los que la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo no ha celebrado ninguna reunión desde finales de 2010.
En concreto, Sixto ha explicado que el 7 de julio de 1998 se firmó el denominado ‘Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales’, renovado en septiembre del año 2000 y en mayo de 2006. Por su parte, la diputada provincial Raquel Pérez se ha centrado en el caso de la Diputación de Alicante. En concreto, ha explicado que EU ya denunció el pasado 21 de junio el caso de Fernando Sepulcre, diputado y concejal de Ciudadanos que abandonó su partido convirtiéndose en un tránsfuga al aferrarse a sus dos actas como cargo público y apoyando al PP para conseguir la mayoría absoluta de los populares en la Diputación de Alicante y que César Sánchez se hiciera con la presidencia. Esquerra Unida, además, llevó a un Pleno de la Diputación de Alicante el texto íntegro del pacto antitransfugas firmado por PP, PSOE, e IU, entre otros diez partidos en 2006, moción que finalmente fue rechazada por los populares. “El PP se apoya en un tránsfuga para continuar con su mandato en la institución provincial y, por tanto, está vulnerando el pacto antitransfuguismo, firmado por su propio partido, y dotándose de nula credibilidad en su acción de gobierno. Dentro de los acuerdos de este código de conducta política en relación con el transfuguismo se especifica el compromiso de impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener activamente o cambiar las mayorías de gobiernos de las instituciones públicas y a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de este”, ha explicado la diputada provincial, quien ha añadido que, según dicho Pacto, el no adscrito no podría asistir a las juntas de portavoces, ni ostentar delegaciones genéricas o especiales, ni ser nombrado como representante de entidades dependientes de la Diputación, ni tampoco percibir ninguna asignación como grupo político, pues deja de representar a un partido.
“No obstante, el equipo de gobierno le mantiene la retribución y las asistencias a los organismos autónomos. De hecho, es el vicepresidente del Instituto Juan Gil-Albert”, ha denunciado Raquel Pérez. Ricardo Sixto ha recordado que la Comisión de Seguimiento es el órgano encargado del control y seguimiento del cumplimiento de este pacto antitransfuguismo y está integrada por un representante de cada una de las formaciones políticas firmadas del acuerdo. Se acordó que dicha Comisión celebrase dos reuniones ordinarias anuales, en los meses de julio y diciembre preferentemente, y reuniones extraordinarias cuando así lo acordase el Ministro de Haciendas y Administraciones Públicas, que preside la Comisión, a petición de cualquiera de los partidos firmantes. Las funciones de dicha Comisión son analizar las posibles situaciones de transfuguismo y tomar medidas encaminadas a aislar a los calificados como tránsfugas, como es el caso de la Diputación de Alicante. No obstante, desde la sesión celebrada en diciembre de 2010, la Comisión de Seguimiento no ha vuelto a reunirse.
“El transfuguismo es una forma más de corrupción puesto que lo que hace es alejar al representante de aquellos a quienes representa, una cuestión contra la que tenemos que luchar todos los representantes públicos y los partidos políticos y una asignatura pendiente en el sistema democrático español”, ha afirmado Sixto, quien ha insistido en que desde EUPV “vamos a seguir reclamando que se convoque dicha comisión para tratar de normalizar esta situación y, si al menos no se puede privar a un tránsfuga de su cargo, al menos que no tenga todos los derechos que tienen el resto de representantes”.