El Tribunal de Cuentas envía al fiscal los ingresos de 446.000 euros de la Diputación al PP y pide explicaciones
La decisión del organismo estatal pone en evidencia las explicaciones de Carlos Mazón quien se negó a presentar las facturas, como el resto de partidos, alegando que el tribunal ya había fiscalizado las cuentas
11 de noviembre de 2020. El Tribunal de Cuentas, en respuesta a la denuncia presentada por Compromís, ha emitido una diligencia de ordenación mediante la cual traslada a la fiscalía del organismo que analice la comisión de posibles delitos o responsabilidad contable de técnicos de la administración y representantes del Partido Popular.
Cae así, de forma contundente, la coartada del Partido Popular de Carlos Mazón. El PP se ha negado a presentar las facturas -cerca de medio millón de euros de dinero público ingresado desde la Diputación al PP- que acreditan el cumplimiento de la ordenanza de la institución porque, según sus explicaciones, ya las había fiscalizado el Tribunal de Cuentas.
La denuncia fue presentada por el grupo Compromís el último mes de septiembre y evidencia una serie de irregularidades en los ingresos por valor de 446.781,53 euros de la Diputación al Partido Popular. El escrito apunta hacia tres grandes ejes donde se engloban las posibles irregularidades: Incumplimiento del destino finalista de las dotaciones económicas a los grupos políticos, transferencia no ingresada en la organización provincial del partido y ausencia de la preceptiva fiscalización.
La denuncia de Compromís desgrana la ingeniería contable y burocrática para evitar los controles pertinentes y desviar los recursos de la actividad institucional hacia los gastos ordinarios del Partido Popular.
Transferencias sin acreditar
El grupo popular multiplicó por cuatro las asignaciones a los grupos políticos al inicio del mandato de 2015. A partir de este momento el grupo popular de la Diputación aumenta las transferencias al Partido Popular sin acreditar en ningún momento el destino finalista de las mismas que exigía la ordenanza. Pero en cuenta de aportar las facturas acreditativas de los ingresos aportaban un certificado firmado por el entonces secretario provincial del partido Eduardo Dolón. Todo con la casuística que el mismo Dolón ejercía además de vicepresidente primero de la Diputación y de presidente de la comisión informativa de fiscalización de cuentas de dedo ingresos.
Compromís acredita ante el Tribunal cómo la gerente del partido, Yolanda Murcia, emitía nuevos certificados contradiciendo el destino los propios certificados de Dolón y asegurando que los fondos iban a parar a gastos no autorizadas por la ordenanza.
Para burlar un posible recurso de la oposición que exigiera la acreditación mediante facturas se ha evitado en estos años cumplir las bases de creación de la comisión de fiscalización de cuentas de la Diputación, que prevén se emita un informe para ser aprobado por el pleno como dictamen.
Además, gran parte de los ingresos se llevan a cabo entre el 25 y 31 de diciembre de forma sistemática, hecho que apunta, según la denuncia de Compromís, a que los recursos no podían ser destinados a activos vinculados a la diputación dentro de la contabilidad del año y que se usaban para financiar el partido.
Compromís recuerda que el Partido Popular denunció judicialmente el portavoz de la formación valencianista, Gerard Fullana, raíz de sus denuncias públicas de la situación.