El Ayuntamiento de Orihuela vende a la Generalitat el Palacio de Justicia por 4.766.532 euros
El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana y el concejal de Patrimonio y Hacienda, Rafael Almagro, han procedido este miércoles a formalizar la compraventa del edificio Palacio de Justicia de Orihuela, junto a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo y el conseller de Hacienda, Vicent Soler. El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana ha concluido con la escritura de la compraventa por ambas partes, en el que se recoge la venta de dicho edificio por un total de 4.766.532 euros. De este importe se ha deducido la cantidad de 150.000 euros que la Conselleria de Justicia ha abonado durante los últimos dos años, tras el acuerdo alcanzado en noviembre de 2017 entre la Generalitat Valenciana y el ayuntamiento.
Así, “la Generalitat Valenciana se compromete a efectuar el pago de la compra venta del Palacio de Justicia (4.616.532 euros) en 4 anualidades (2020, 2021,2022 y 2023)”, ha explicado el alcalde de Orihuela. Bascuñana ha destacado “la buena disposición y sintonía institucional por parte de las dos consellerias para resolver esta cuestión enquistada durante tantos años, que ya conseguimos resolver en 2017 y que ahora culminamos con esta compraventa”. En este sentido, el alcalde de Orihuela ha recordado la importancia de “mantener esta colaboración con la Generalitat para resolver otras necesidades que tenemos en Orihuela y en la Vega Baja y que venimos arrastrando desde la DANA”. Por su parte, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha manifestado que “vamos a trabajar a partir de ahora con el Ayuntamiento para obtener por parte municipal la cesión de los terrenos necesarios para la ampliación de la sede judicial de Orihuela y dotarla de los espacios y servicios necesarios”.
Acuerdo histórico noviembre de 2017
Estas instalaciones que desde hoy pasan a ser propiedad de la administración autonómica están ubicadas en la Plaza de Santa Lucía. Además, forman parte del importante e histórico acuerdo alcanzado entre el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, y la Consellera Gabriela Bravo en 2017, en el que la Generalitat Valenciana devolvía a Orihuela el edificio de los antiguos juzgados, mientras se acordó pactar un arrendamiento anual por diez años, de manera que los cinco primeros años, la Generalitat Valenciana pagaría 75.000 euros y los cinco siguientes 125.000 euros. Asimismo, ambas instituciones acordaron que dada la necesidad de ampliación de dichas instalaciones, el Ayuntamiento se comprometía a facilitar la cesión de suelo para llevar a cabo dicha ampliación. También se recogía la posibilidad de opción a compra por parte de la Generalitat, que finalmente se ha llevado a cabo esta mañana.
Este acuerdo también suponía la cesión del antiguo “Ahogadero secante del gusano de seda”, para ser destinado a actividades formativas para la promoción del empleo, mientras que también se hizo lo propio con el Museo de la Muralla, ya que se iniciaron los trámites sobre la parcela en la que se ubica, y que comparte con el Campus de Las Salesas de la UMH. Finalmente, se alcanzó también el acuerdo para la recuperación de la Casa Natal de Miguel Hernández, por parte del pueblo de Orihuela.