La concejala de Comercio arremete contra el Tripartito y su errática política sobre horarios comerciales
La concejala de Consumo, Comercio y Hostelería, Marisa Gayo, ha hecho hincapié hoy en que la nueva resolución de los Tribunales que da la razón al PP tras el conflicto generado por el ‘Ayuntamiento del cambio‘ y su guerra suscitada con la idea de imponer unos determinados horarios comerciales.
La concejala de Consumo y Comercio ha manifestado que esta nueva resolución de los jueces viene a demostrar los resultados catastróficos del Tripartito que estuvo al frente de la Corporación, con el alcalde Gabriel Echávarri a la cabeza. Con el tema de los horarios que el Tripartito desencadenó un conflicto que llevó a la confusión a centenares de comercios, a las asociaciones de consumidores y a la propia ciudadanía, que ya no sabía a ciencia cierta cuándo podría efectuar sus compras, ha indicado Marisa Gayo.
Esta guerra abierta suscitó concentraciones de afectados, la interposición de diversas demandas y abocó a la incertidumbre al propio sector, que se vio perjudicado con la bajada de los índices de ventas.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha fallado dando la razón al Partido Popular tras haber aprobado en el año 2013 la libertad horaria tras haber consensuado el asunto con las asociaciones de comerciantes. Con esta medida, el PP daba vía libre a las grandes superficies de la Avenida Maisonnave a abrir todos los domingos y festivos del año, al estar incluida dicha arteria en la denominada Zona de Gran Afluencia Turística.
Contra estos acuerdos, que en su día adoptó el gobierno municipal del PP, arremetió el ejecutivo del Tripartito cuando accedió al poder local por la alianza entre PSOE, Guanyar y Compromís. El gobierno autonómico del Botánico actuó en paralelo a sus socios en Alicante y presentó un pleito judicial a través de su Consellería de Economía y Comercio con la pretensión de dejar sin efecto dichos acuerdos.
El TSJCV ha rechazado el recurso de la Consellería y ha emitido una sentencia donde resuelve que la normativa de 2013 es legal, lo que ratifica lo acertado de la política comercial del PP. La sentencia contribuye a la cordura tras tres años de confusión por las acciones del Tripartito del cambio.