Barcala: «Los gobiernos locales jugamos un papel crucial en el impulso a las políticas sociales y de vivienda»
El alcalde de Alicante participa en Burgos en el II Foro de Grandes Ciudades, organizado por el Partido Popular, que reúne a los primeros ediles de las ciudades de más de 100.000 habitantes
«Los gobiernos locales jugamos un papel crucial en el impulso a las políticas sociales y de vivienda», ha destacado este viernes en Burgos el alcalde de Alicante y presidente local, Luis Barcala, quien participa en el II Foro de Grandes Ciudades, organizado por la dirección nacional del Partido Popular, junto a otros 35 alcaldes de ciudades de más de 100.000 habitantes. En este encuentro también participan alcaldes como el de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el de Córdoba, José María Bellido, así como el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo.
Barcala ha resaltado que «el gobierno municipal del Partido Popular está impulsando en Alicante la construcción de más de 6.000 viviendas habilitando suelo y promoviendo nuevos barrios como el de la Nueva Albufereta o Las Lomas del Garbinet y desatascando desarrollos que tejen barrios como el del Parque Central; además de ceder cinco parcelas para construir 220 viviendas con el Plan Vive de la Generalitat asequibles y de protección pública o fomentar el alquiler social joven con nuevas promociones como las del Portón en el Casco Antiguo, ya terminada, o la del edificio de antiguas viviendas de maestros en San Gabriel en fase de remodelación, y también rehabilitamos barrios como en Virgen del Remedio, por citar algunas actuaciones».
«Esta es la mejor política social que se puede hacer: facilitar el acceso a la vivienda, generar empleo y ayudar a los jóvenes a que construyan con su talento y su esfuerzo un futuro mejor», ha resaltado Luis Barcala. «Mientras el PP apoya a sus alcaldes, que están en primera línea de la gestión con los ciudadanos, aportando las soluciones que necesitan para mejorar sus condiciones de vida, el PSOE se limita a resistir en La Moncloa, acorralado por la corrupción y alejado de los problemas reales de la gente», ha añadido el alcalde de Alicante.
«El PP está mostrando en este Foro -señala Luis Barcala- su compromiso con la cohesión territorial y con las políticas sociales que responden a las necesidades de los ciudadanos. Unas políticas que desarrollamos todos los días del año los ayuntamientos populares ofreciendo mejores servicios, avanzando en la transformación social y urbana, disponiendo un entorno urbano amigable y sostenible, y generando nuevas oportunidades de empleo y desarrollo personal y colectivo fomentando la cultura y las tradiciones».
«Todo eso lo hacemos en mayor medida con medios propios, después de que la provincia de Alicante siga a la cola de las inversiones ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde 2023» ha recordado Barcala, que ha insistido en que «el Gobierno de Pedro Sánchez ha abandonado su responsabilidad con los municipios al no publicar las reglas fiscales, impidiendo planificar adecuadamente los Presupuestos y aplicando la regla de gasto dificultando el uso de los remanentes de tesorería para inversiones».
En la declaración de Burgos los alcaldes populares han marcado una hoja de ruta en la que la vivienda y el empleo son las dos grandes urgencias sociales, al igual que la convivencia y la seguridad son la base de cualquier sociedad libre. «Los alcaldes del Partido Popular creemos en una política cercana, sensata y basada en resultados. Huímos del enfrentamiento y el privilegio y reivindicamos una política del servicio público, de la palabra dada y de la gestión eficaz. Menos propaganda y más soluciones reales».
Barcala ha señalado finalmente que «estamos trabajando en una serie de medidas, que vamos a acordar los alcaldes populares con la dirección nacional de Alberto Núñez Feijoo, dirigidas a dar impulso a la economía que sostiene España: autónomos, comercio local y empleo; a adquirir un compromiso con las familias en materia de vivienda, seguridad jurídica y agilidad administrativa; a fomentar una inmigración legal, ordenada e integrada; y a defender de una financiación justa para los ayuntamientos».