EU pide responsabilidad patrimonial a los 5 concejales del PP que en el año 2000 aprobaron las viviendas que invaden el entorno protegido de la Torre Placia
El portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, ante el anuncio insertado hoy en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana mediante el que el Ayuntamiento expone al público el proyecto de expropiación forzosa de 11 viviendas que invaden el entorno protegido del Bien de Interés Cultural (BIC) de la Torre Placia, ha anunciado que presentará un escrito en el que reclamará responsabilidad patrimonial a los cinco concejales del PP que en el año 2000 aprobaron la licencia para construir las viviendas que una sentencia judicial obliga a demoler tras anular la licencia.
“¿Por qué tiene que pagar toda la ciudadanía la factura de la incompetencia de los concejales del PP que hace más de 14 años, el 15 de noviembre de 2000, aprobaron en comisión de gobierno la licencia para un complejo residencial que invadía el entorno de protección del BIC de la Torre Placia? Que la paguen de su bolsillo y de su patrimonio la entonces alcaldesa en funciones Maria Teresa Revenga y los entonces concejales de cultura, urbanismo, educación y fiestas, Pedro Romero, Jose Luis Pamblanco, Carlos Alcalde y Andrés Llorens. El imputado y procesado Llorens es el único concejal que se mantiene en el el actual equipo de gobierno de los cinco concejales que asistieron a la comisión de gobierno en la que se aprobó conceder licencia de obra mayor y apertura a la cooperativa Azalea para construir 40 viviendas en el Plan Parcial de La Condomina”, ha denunciado el edil.
“Más de una decena de esas 40 viviendas tienen ahora que demolerse por una sentencia firme cuya ejecución ha intentando demorar el equipo de gobierno del PP con la artimaña de plantear el traslado de la torre, un verdadero despropósito en materia de protección del patrimonio que rechazamos frontalmente desde EU. Pero el PP no ha tenido más remedio que iniciar los expedientes de demolición y de expropiación que inevitablemente conllevan la ejecución de la sentencia. En ese expediente de expropiación, que puede superar los 3 millones de euros, debe contemplarse la exigencia de responsabilidad patrimonial a los cinco concejales que aprobaron la licencia que la justicia ha declarado ilegal”, ha añadido el regidor.
“El expediente de la licencia incluyó 4 informes favorables – de disciplina urbanística, de obras y proyectos, del SPEIS y de obras particulares – pero ninguno de los servicios municipales de cultura pese a que el entonces concejal de cultura, Pedro Romero, participó en la comisión de gobierno. Y qué decir del inepto concejal de urbanismo de aquellos años, Jose Luis Pamblanco, cuya área dió el visto bueno a través de disciplina urbanística obviando que la Torre Placia fue declarada BIC por el Ministerio de Cultura en 1997 incluyendo el entorno de protección vulnerado con la concesión de la licencia”, ha concluido Miguel Ángel Pavón.