CONCEJALÍA DE URBANISMO
El vicealcalde y concejal de urbanismo, Miguel Ángel Pavón, ha dado a conocer hoy la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que el pasado diciembre desestimó el recurso de apelación de Biodiesel Alicante SL contra el auto previo del Juzgado de Alicante que en febrero de 2015 determinó la imposibilidad de ejecución de la sentencia que el TSJ dictó en abril de 2012 condenando al Ayuntamiento a indemnizar con 800.000 euros a Biodiesel Alicante por denegar en febrero de 2007, hace 9 años, la licencia municipal a una planta de biodiesel en el Puerto de Alicante.
“La imposibilidad de ejecución de la sentencia deriva, tal y como plantearon los servicios jurídicos municipales en enero de 2015 en las alegaciones que el Ayuntamiento presentó a la ejecución forzosa instada por Biodiesel Alicante, de la sentencia que EU, a través de su abogado José Luis Romero, ganó en 2010 ante el TSJ contra la autorización portuaria de la planta, una sentencia que se hizo firme mediante una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2012 que ratificó la sentencia previa del TSJ. Lo más importante es que el Ayuntamiento no tiene que pagar la indemnización de 800.000 euros que reclamaba Biodiesel tras haber llegado a pedir más de 143 millones de euros, una pretensión que el TSJ redujo en abril de 2012 a 800.000 euros. Gracias al recurso de EU, entonces en la oposición, y al trabajo de los servicios jurídicos municipales, los alicantinos y alicantinas no tendremos que pagar 800.000 euros a una empresa que quería instalar una industria contaminante en el Puerto de Alicante y que ahora tendrá que pagar al Ayuntamiento las costas judiciales hasta un máximo de 1.000 euros más IVA”, ha destacado Miguel Ángel Pavón.
“La nulidad de la autorización portuaria conlleva la imposibilidad del otorgamiento de licencia municipal alguna y, por tanto, de reclamación de indemnización alguna”, ha señalado el vicealcalde. El propio letrado jefe de la asesoría jurídica municipal traslada al concejal de urbanismo un escrito en el que expone que “es de resaltar la extraordinaria importancia de tal resolución – la sentencia nº 1115 de 18 de diciembre de 2015 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso de Valencia desestimando el recurso de apelación de Biodiesel Alicante -, en concordancia con la dictada con fecha 25 de febrero de 2015 por el Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Alicante, pues la pretensión inicial de la Mercantil era conseguir una indemnización de 143.762.921,92 euros, luego reducida por la sentencia de la Sala de Valencia de 19 de abril de 2012 a 800.352,02 euros, habiéndose resuelto finalmente que no procede indemnización alguna, tras larga contienda procesal”.
En la anterior legislatura el grupo municipal de EU instó al entonces equipo de gobierno del PP a utilizar la sentencia que anuló la autorización portuaria de la planta para evitar el pago de la indemnización reclamada por Biodiesel Alicante. “Finalmente los servicios jurídicos municipales utilizaron la sentencia ganada por EU y podemos dar carpetazo definitivo a un proyecto que el PP de Alperi y Castedo inicialmente apoyó cuando el Ayuntamiento votó a favor de la autorización portuaria de la planta e informó favorablemente su autorización ambiental integrada. Sin embargo, Castedo y Alperi, por puro electoralismo, denegaron en febrero de 2007 la licencia a un proyecto cuyo rechazo vecinal amenazaba la mayoría absoluta del PP en las elecciones municipales de 2007. Si el PP se hubiera posicionado desde un principio en contra de la planta, el TSJ – que no entendía que el Ayuntamiento, tras dar el visto bueno a las autorizaciones previas, hubiera denegado la licencia municipal – seguramente no habría condenado al Ayuntamiento a una indemnización de 800.000 euros. Gracias a EU esa indemnización no se ejecutará y se cierra de forma definitiva la puerta a la instalación proyectada pese a la pésima gestión del PP”, ha concluido Miguel Ángel Pavón.