El Alcalde de Alicante lamenta que se utilice el Monasterio de la Santa Faz con intereses partidistas y acusa al ex tripartito de abrir una cruzada y causa general contra los bienes de la Iglesia

El Alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha acusado hoy al ex tripartito de mentir cuando plantearon que la creación de la Comisión no permanente del Pleno era para tratar la propiedad del conjunto del Monasterio de la Santa Faz, y el principal objetivo es “ abrir una cruzada y causa general contra los bienes de la Iglesia y no respetan, no quieren a la Santa Faz y van a socavar con la excusa del Monasterio”.

“Hoy ha quedado en evidencia que no quieren la Santa Faz y lo que pretenden es ver la fórmula para quitar el Monasterio a las monjas y al final desahuciarlas, ese es el objetivo último de esta cruzada”, ha señalado Barcala al término de la comisión quién a su vez les ha solicitado al PSOE, Guanyar Alacant y Compromis que definan los bienes que ellos creen que deben estar bajo el control y tutela del Ayuntamiento.

Luis Barcala ha planteado a su vez hoy el cierre de la Comisión porque ya no tiene objeto de ser tras la vuelta de las monjas Clarisas al Monasterio que han retomado la custodia de la reliquia que no ha saluda adelante, y ha tachado de “barbaridad oportunista, irresponsable y mezquino utilizar la Santa Faz con el objetivo de revertir todos los bienes de la Iglesia, cuando han tenido tres años para hacerlo mientras gobernaban”.

Dentro de los acuerdos llegados hoy en el marco de la Comisión se ha aprobado por unanimidad el régimen de organización y funcionamiento de la Comisión, que incluye que en el plazo de dos meses, el secretario redactará un informe sobre la propiedad del Monasterio de la Santa Faz, al que los miembros de esta Comisión podrán aportar la información que crean conveniente.

Además se ha acordado que PSOE, Guanyar Alacant y Compromis van a presentar un listado de aquellos bienes inmatriculados de la Iglesia para aportar a la Comisión que ellos consideran que deben estar bajo el control y la tutela del Ayuntamiento de Alicante,en el plazo de dos meses, para con posterioridad investigarlos, y que las concejalías de Patrimonio, Cultura y Urbanismo designarán a los técnicos que asistirán a los trabajos de la Comisión.

Por su parte, el concejal de Patrimonio, Carlos Castillo, ha puntualizado que “esta investigación que se solicita tiene un coste que van a pagar todos los alicantinos”, y a su vez ha criticado que tiene detrás un “interés explícito y partidista que conllevaría al final un pleito contra la Iglesia que no se persigue contra otras instituciones”.