«Batería de denuncias de Hablamos Español para conseguir documentación y rotulación también en español en las comunidades con dos lenguas»
La asociación presidida por Gloria Lago ha anunciado una batería de denuncias para conseguir que se respete la cooficialidad en las administraciones públicas de las comunidades bilingües, incluidos los ayuntamientos.
Las denuncias incidirán especialmente en el ámbito educativo para conseguir que se respete la cooficialidad en la documentación interna de los centros de enseñanza, así como en su rotulación, paginas web e información para las familias.
El inicio de las acciones de Hablamos Español llega días después de que se consiguiera que, en el último momento, un instituto valenciano cediera reconociendo el derecho de un padre a recibir en español la autorización para una excursión. El colegio parecía dispuesto a dejar fuera al niño, pero gracias a nuestra presión logramos que se la entregaran en español. Las familias, los ciudadanos, en general, deben saber que la razón está de nuestro lado y que si nos lo proponemos lo podemos conseguir. Para ello llegaremos a las instancias que sean necesarias. La semana pasada llegaron al TSJ los dos primeros casos de alumnos que reclaman su derecho a utilizar el español, oralmente y por escrito, en clases y exámenes.
Desde hace meses, familias de las comunidades autónomas con lengua regional han estado presentando escritos para exigir estos derechos. Las respuestas han sido diferentes, incluso dentro de la misma comunidad autónoma. La casuística es la siguiente:
- La administración autonómica reconoce este derecho y lo hace efectivo en las comunicaciones.
- La administración autonómica reconoce el derecho, pero no se aplica.
- La administración autonómica responde a la familia diciendo que ha de solicitarlo al colegio y, a la inversa, a quienes lo piden en el colegio se les dice que tienen que solicitarlo en la administración autonómica.
- La administración autonómica reconoce el derecho a recibir las comunicaciones, pero les envía por correo electrónico una traducción y, además, los documentos han de firmarlos en la otra lengua.
- Silencio administrativo.
Ante esta situación de falta de respeto a los derechos de las familias, iniciamos, a partir de hoy, una batería de recursos de alzada en Galicia, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana. En la Comunidad Autónoma Vasca, donde la exclusión del español en la enseñanza es muy preocupante, hasta ahora, se está utilizando también el español en las comunicaciones.
Hemos decidido ir a por todas y no dejar que pisen nuestros derechos en ningún ámbito. Nos avala fundamentación jurídica contundente y, ahora, contamos, además, con una resolución muy favorable del Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana en una respuesta a una madre de Alicante, la coordinadora de Hablamos Español en esta ciudad, Asun Núñez, que avala todos los fundamentos jurídicos que nosotros esgrimimos para exigir nuestros derechos y que se pueden resumir en la siguiente frase: La constitución española y la doctrina que de ella deriva amparan el derecho de cualquier residente en España a ser comunicado y a recibir documentación e información en español, viva en la comunidad en la que viva, y sin tener que hacer un esfuerzo adicional para conseguirlo.
El Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana, en una reciente resolución, dio un espaldarazo a nuestra fundamentación jurídica.