Estas declaraciones se producen tras la constitución, en el día de hoy, de la Comisión de Investigación de los Bonos Comercio, impulsada a raíz de la detención del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, en relación con este caso.

“Salimos de la comisión estupefactos. El PP, una vez más, ha hecho servir su mayoría absoluta para seguir ocultando y tapando a los suyos en un caso que ha terminado con una detención policial en la etapa en la que Carlos Mazón era presidente de la Diputación de Alicante”, ha afirmado el diputado socialista Raúl Ruiz.

Ruiz ha criticado duramente que la comisión “nazca completamente adulterada” y con un claro sesgo político: “La comisión de investigación de los Bonos Comercio no ha aprobado la comparecencia de ni un solo alcalde del PP, pese a que el programa está bajo investigación de la Fiscalía y se desarrolló durante años de gobierno del Partido Popular en la Diputación”.

En este sentido, el diputado socialista ha calificado de “amoral, al margen de la ética y del sentido común” la decisión del PP de aprobar únicamente la comparecencia de alcaldes socialistas. “El programa investigado por la policía y por la Fiscalía se impulsó bajo un gobierno del PP, con Mazón como presidente, y ha sido el entorno del propio Partido Popular el que ha acabado con una detención. Y aun así, el PP pretende desviar el foco”, ha señalado.

“El PP ha aprobado sólo la comparecencia de alcaldes socialistas pero ha obviado —y por tanto escondido— a alcaldes de municipios como Finestrat, La Nucía o El Campello. Es evidente que estamos ante una estrategia deliberada para proteger a los suyos”, ha añadido Ruiz.

Para el Grupo Socialista, “estamos ante una comisión que no busca la verdad, sino construir un relato que exonere al Partido Popular”. “Es una comisión que nace completamente adulterada y que solo busca tapar y esconder al PP y su modus operandi, que de momento ha terminado con la detención del presidente de la Cámara de Comercio”, ha remarcado.

A pesar de ello, el Grupo Socialista ha reiterado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y ha registrado una amplia solicitud de documentación para esclarecer todos los aspectos del programa Bono Comercio. Entre la información solicitada se incluyen las bases completas de las convocatorias entre 2022 y 2024, informes técnicos, jurídicos y de intervención, expedientes de aprobación, auditorías, así como toda la documentación relativa a la ejecución, control e incidencias del programa.

Asimismo, los socialistas han pedido analizar en profundidad las decisiones sobre el modelo de gestión, las relaciones institucionales con la Cámara de Comercio y FACPYME, los convenios suscritos, las comunicaciones internas y la información económica detallada, incluyendo costes de gestión e intermediación.

El Grupo Socialista forma parte de esta comisión con los diputados Raúl Ruiz, Raquel Marín, José Ramiro Pastor y Verónica Giménez, quienes han asegurado que continuarán trabajando “con rigor y responsabilidad” para esclarecer los hechos. “Frente a la opacidad del PP, nosotros vamos a seguir defendiendo la transparencia, la verdad y el interés general de la ciudadanía”, ha concluido Ruiz.

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La Diputación de Alicante ha convocado para el próximo lunes 20 de abril la sesión constitutiva de la Comisión de Investigación sobre la gestión del programa de Bono Comercio. Este órgano, integrado por 13 miembros; 7 por el PP, 4 del PSPV, 1 de Vox y 1 de Compromís, estará presidido por la vicepresidenta primera y diputada de Economía y Ciclo Hídrico, Ana Serna, tras delegación del presidente.

         La creación de esta comisión fue aprobada por el pleno el pasado 1 de abril a través de una moción presentada por el Grupo Popular. Una vez los distintos grupos políticos han notificado el nombre de sus representantes en la misma, ya se ha fijado la fecha para su constitución.

         Los representantes populares serán Ana Serna, Carmen Sellés, José Antonio Bermejo, Marina Sáez, Carlos Pastor, Antonio Bernabeu y Magdalena Martínez, mientras que el Grupo Socialista estará representado por Raúl Ruiz, Raquel Marín, José Ramiro y Verónica Giménez. Vox y Compromís aportarán cada uno a la comisión a su único diputado; Gema Alemán y Ximo Perles, respectivamente.

La Comisión de Investigación sobre la gestión de Bono Comercio fue solicitada en primera instancia por el Grupo Socialista, aunque fue finalmente el Grupo Popular quien elevó la moción para su creación, contando esta propuesta con el respaldo de toda la corporación.

Durante esta primera reunión se constituirá la Comisión y se dará cuenta de la resolución del presidente de la corporación, Toni Pérez, de delegación de la presidencia de este órgano. Asimismo, se dará cuenta del régimen de sesiones, que se celebrarán los lunes, salvo la segunda sesión que tendrá lugar miércoles. La semana que haya pleno no habrá reunión.  

También se presentará la propuesta para el nombramiento de la vicepresidencia de la Comisión.

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• Destaca la necesidad de “inversión urgente” en los accesos del AVE y en la A-31

El Partido Popular ha invertido en Villena más de 14 millones de euros, una cuantía que ha ido destinada a subvenciones y aportaciones en áreas como obras públicas, red viaria, fomento económico o entidades sociales.

La diputada provincial por la comarca del Alto Vinalopó y vicesecretaria de política sectorial del Partido Popular de la Provincia de Alicante, Magdalena Martínez, ha destacado que desde el año 2021 “Villena ha recibido una total de 14.179.000 euros”, y ha explicado que este año se ha reducido la aportación del Plan +Cerca “por la imposibilidad de tocar los remanentes de tesorería, bloqueados por el Gobierno de Pedro Sánchez, y después de haber destinado al municipio más de 300.000 euros en el Plan +Cerca del año pasado”.

“Quiero aprovechar para pedir al grupo socialista que reconsidere su posicionamiento respecto a su negativa a pedirle a Sánchez la liberalización de los remanentes de tesorería en los ayuntamientos de la comarca del Alto Vinalopó”, ha precisado la vicesecretaria del PP. 

“Esta comarca está muy castigada por el Gobierno de España, sin inversiones ni financiación para proyectos necesarios en materia de infraestructuras como los accesos al AVE y los escasos servicios de Cercanías, o las necesidades urgentes en la A-31”, ha indicado.  “Sin embargo, el PSOE ha votado en contra de permitir a los ayuntamientos poder hacer uso de ese dinero tan necesario para compensar un poco las carencias que tenemos por parte del Gobierno de España”, ha señalado.  

Martínez ha hecho esta afirmación en relación a la moción presentada en el pleno de la Diputación en el pleno ordinario de ayer. La moción presentada por el Grupo Popular este miércoles, que salió adelante con todos los votos del pleno a excepción de los diputados socialistas, solicitaba poder hacer uso de forma libre de los remanentes de tesorería y por tanto poder gastarlos para uso general por el perjuicio que está suponiendo limitar su gasto a inversiones financieramente sostenibles. “Que no se quejen y que actúen más exigiendo a su jefe que nos dejen hacer uso de esos ahorros bloqueados que son de todos los alicantinos”, ha apostillado Martínez. En este sentido, ha explicado que si hubiese más dinero al poder usar esos ahorros, que ascienden a 400.000 euros en el caso de la Diputación de Alicante, “habría subido la inversión en la comarca en el Plan +Cerca de 2026”, ha dicho. “No obstante, quiero destacar los 300.000 euros que se destinaron el año pasado a Villena y no nos olvidemos de que solo en la ciudad, sin contar el resto de la comarca, se han invertido más de 14 millones de euros en los últimos años”, ha precisado Martínez.

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El pleno del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant no ha aprobado una modificación de crédito donde se transferían fondos municipales para realizar pagos de facturas emitidas por empresas proveedoras de servicios básicos y empresas locales, cuyo pago es obligatorio como advirtió el propio interventor municipal en el Pleno. Los concejales de los grupos municipales del PSOE y Vox unieron sus votos negativos y tumbaron la propuesta presentada por el equipo de gobierno del PP, la abstención de los dos ediles de Compromís no fue suficiente para permitir el pago de dichas facturas.

Dentro de esta medida, la mayoría de facturas afectan a pequeños comercios y autónomos de Sant Joan y se proponía pagar facturas desde 88 euros a una floristería, 467 a una churrería, 4.900 a un establecimiento de restauración para la coronación de las Reinas y Damas del Cristo, 526 al Club de Kárate Shotokan o 2.000 a la Sociedad Musical La Paz.

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, aprovechó para destacar que los diferentes grupos municipales siempre han permitido el pago de este tipo de facturas estuvieran en el gobierno o en la oposición y que el pago es una obligación tal y como indicó el propio Interventor municipal en el Pleno, por lo que veremos la responsabilidad que pueden exigir las empresas a PSOE y a Vox por votar en contra. De hecho, cabe destacar que el último año en el que los socialistas formaban parte del gobierno municipal se aprobaron por las diferentes sesiones plenarias 11 expedientes de este tipo y el PP siempre permitió que todo autónomo o pyme que hubiera trabajado para el Ayuntamiento pudiera cobrar. Este es el primer expediente que lleva el PP en 2026.

Asimismo, el alcalde fue muy explícito en el Pleno cuando se dirigió a Vox y les informó “que estaban en condiciones de abstenerse o votar a favor con el PP para permitir que las empresas de Sant Joan pudieran cobrar, o de lanzarse a los brazos del PSOE y votar en contra junto a ellos para impedir un derecho que tiene toda empresa o persona física”. Vox prefirió votar junto a los socialistas y bloquear el pago de facturas.

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Asimismo, el diputado socialista Raúl Ruiz ha añadido que “entendemos que, dado que los alcaldes de La Nucía, El Campello, Santa Pola y La Nucía, así como el concejal de Mutxamel, forman parte como diputados y diputadas de la propia Diputación de Alicante y no están integrados en la comisión de investigación, resulta imprescindible que comparezcan en la misma para ofrecer todas las explicaciones necesarias sobre la gestión de los bonos consumo en sus respectivos municipios. Consideramos que, en coherencia con la responsabilidad institucional que ostentan, deben contribuir al esclarecimiento de los hechos y a garantizar la máxima transparencia ante la ciudadanía”.

Además, desde el Grupo Socialista insisten en que esta iniciativa responde a su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno. “La ciudadanía merece saber cómo se han gestionado estos fondos y si los procedimientos han sido los adecuados. No se trata de una cuestión partidista, sino de reforzar la confianza en las instituciones públicas y asegurar que cada euro se ha utilizado conforme al interés general”, ha concluido Ruiz.

El PSOE continuará trabajando en el seno de la comisión de investigación para esclarecer los hechos con rigor y responsabilidad, contribuyendo a que se depuren posibles responsabilidades políticas y se adopten medidas que garanticen una gestión más transparente en el futuro.

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El Grupo Socialista en la Diputación de Alicante ha manifestado su total disposición a que los alcaldes y alcaldesas socialistas comparezcan en la comisión de investigación del Bono Comercio, siempre que este criterio se aplique de forma equitativa y también incluya a los regidores del Partido Popular.

En este sentido, el diputado socialista Raúl Ruiz ha subrayado que “los alcaldes y alcaldesas de ayuntamientos gobernados por el PSOE que gestionaron su Bono Comercio a través de Facpyme no tienen ningún problema en comparecer en la comisión de investigación”. No obstante, ha insistido en que esta disposición debe ir acompañada de un compromiso firme de reciprocidad por parte del Partido Popular.

“Estamos a favor de la transparencia y de dar todas las explicaciones necesarias, pero con una condición clara: las mismas normas para todos. Es decir, si comparece el alcalde de Alicante, también lo harán los de Elda y Elche; si declara el alcalde de El Campello, lo hará el de Villena; si comparece la alcaldesa de Santa Pola, también lo hará el de l’Alfàs del Pi; y si declara el alcalde de Finestrat, lo hará el alcalde de Alcoy. Seguiremos esa misma dinámica en todos los casos”, ha explicado Ruiz.

El diputado socialista ha remarcado que “no se puede utilizar una comisión de investigación con fines partidistas ni señalar únicamente a unos municipios mientras se excluye a otros”. En este sentido, ha defendido que la comisión debe regirse por criterios de igualdad, objetividad y rigor institucional.

Asimismo, ha añadido que el Grupo Socialista “no permitirá un uso sesgado de esta comisión” y ha reiterado su compromiso con la transparencia, siempre dentro de un marco de equilibrio y respeto entre formaciones políticas.

El Grupo Socialista designa a sus representantes en la comisión de investigación del Bono Comercio

Por otra parte, el portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Vicente Arques, ha anunciado los nombres de las diputadas y diputados socialistas que formarán parte de la comisión de investigación del Bono Comercio.

Los representantes designados son: Raúl Ruiz, Raquel Marín, José Ramiro Pastor y Verónica Giménez.

Arques ha señalado que el equipo socialista trabajará en esta comisión “con responsabilidad, rigor y compromiso con la verdad, defendiendo siempre el interés general de la ciudadanía de la provincia de Alicante”.

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01-04-26.- El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado hoy una moción presentada por el Grupo Popular para solicitar al Gobierno de España la suspensión de las reglas fiscales y la flexibilización en la utilización de los remanentes de tesorería ante las consecuencias socioeconómicas del conflicto de Irán. La propuesta del equipo de gobierno liderado por Toni Pérez, con la que se busca que se autorice a los ayuntamientos y a la propia institución provincial a usar sus ahorros –cifrados en más de mil millones de euros- para impulsar inversiones en los municipios, ha contado con el respaldo de Vox y Compromís, mientras que el Grupo Socialista ha votado en contra.

Esta iniciativa ha salido adelante en la misma sesión en la que se ha aprobado por unanimidad la convocatoria del Plan +Cerca 2026 que permitirá inyectar en los 141 municipios de la provincia y tres entidades locales menores más de 8,8 millones de euros.

La vicepresidenta primera, Ana Serna, ha puesto en valor este plan y ha avanzado que, como recoge la moción defendida por los populares, podríamos contar con más recursos para el mismo “si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, baja a la tierra y nos permite usar los ahorros de los alicantino y alicantinas”. 

En este sentido, la portavoz popular ha recordado que en la anterior legislatura, en la que estuvieron suspendidas las reglas fiscales por el Covid-19 y, posteriormente, por la guerra de Ucrania, “se hizo la inversión más grande en la historia de esta institución gracias a que pudimos utilizar nuestros remanentes, por lo que pedimos al presidente Sánchez que nos deje volver a poder hacer uso de nuestros ahorros”, al tiempo que ha puesto de manifiesto que “a pesar de todas las zancadillas y a pesar de Pedro Sánchez, ahora hemos sido capaces de sacar adelante un Plan +Cerca de 8,8 millones de euros que van a aliviar las arcas municipales en el periodo estival”.

En este mismo sentido, la vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda, Marina Sáez, ha insistido en la “incertidumbre económica” que el conflicto de Irán está generando, afectando a la calidad de vida de los ciudadanos, y ha solicitado que, tal y como se hizo con las anteriores crisis –Covid y guerra Ucrania- se suspendan las reglas fiscales “para poder contar con recursos financieros para impulsar ayudas sociales, apoyo al comercio local y el mantenimiento de servicios públicos.

         Desde los grupos de la oposición, Vox y Compromís han respaldado la propuesta, mientras que los socialistas han señalado que la misma “solo es una excusa para tapar la falta de gestión de esta institución”, denunciando la “falta de planificación” y de “ejecución presupuestaria”.

Otras ayudas

         Durante el pleno también se ha dado el visto bueno a distintas líneas de ayudas, entre ellas dos convocatorias de Ciclo Hídrico que suman 2.300.000 euros en ayudas a ayuntamientos para la realización, reparación, reforma y mejora de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento

         En materia de Carreteras, también se ha aprobado el Plan de Mejora de la Red Viaria Provincial, con 3.419.000 euros; el Plan de Movilidad Peatonal Ciclista, con 792.500 euros, y el Plan Especial de Mejora de Accesos a Municipios, con 43.000 euros.

Bono comercio

         La corporación provincial también ha debatido hoy la moción presentada por el Grupo Popular para la creación de una comisión de investigación sobre la gestión del programa Bono Comercio. La misma estará integrada por 13 miembros de la corporación (7 por el PP, incluido el presidente, 4 del PSPV, 1 de Vox y 1 de Compromís) y tendrá un plazo máximo de seis meses.

         El grupo Socialista ha presentado una enmienda a esta moción solicitando, por un lado, un mínimo de seis sesiones, aspecto que ha sido aceptado por el grupo proponente, y, por otro, requiriendo la comparecencia en la misma de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio, y de Carlos Mazón, quien ostentó la presidencia de la Diputación durante los años que serán objeto de investigación. También solicitan la comparecencia del presidente actual, Toni Pérez.

         Serna ha aclarado en el pleno que no se podía aceptar esta segunda parte de la enmienda, la relativa a las comparecencias, “porque ello no es competencia del pleno de la Diputación, sino que será la propia comisión que se constituya la que decida quién comparece”.

         Asimismo, la portavoz del equipo de gobierno ha recordado que la tramitación del bono comercio “contó siempre con el respaldo de todos los grupos políticos” y que “cada ayuntamiento decidía desde su autonomía como gestionaba el bono consumo”, así como que las ayudas “estuvieron fiscalizadas en todo momento por el servicio de Intervención tanto del propio ayuntamiento como de la Diputación”.

Otras mociones

         Fuera del orden del día se han debatido otras mociones como la formulada por el Grupo Socialista para garantizar el respeto a la legalidad democrática en el Ayuntamiento de L’Alqueria d’Asnar, lo que ha motivado que varios vecinos de la localidad asistieran como espectadores al pleno provincial. Desde el PSOE se ha solicitado la intervención de la Diputación en la designación de un secretario en el consistorio para que pueda convocarse el pleno para abordar la moción de censura presentada por cuatro concejales.

         Al respecto, Ana Serna ha señalado que este asunto no es competente de la Diputación, sino de la Subdelegación del Gobierno, y ha defendido que “en lo que está dentro de sus competencias, la institución provincial ha sido muy diligente”. “Hemos hecho todo lo que podíamos hacer, pero no podíamos extralimitarnos”, ha apuntado la vicepresidenta, quien ha ofrecido detalles del proceder de la Diputación en esta cuestión “siempre desde su ámbito competencial”.

“Nuestro más absoluto respeto por la legalidad democrática, somos conscientes del malestar, pero es un tema judicializado y, por tanto, somos absolutamente respetuosos y esperamos que se resuelva cuanto antes”, ha apuntado Serna, quien ha acusado al Grupo Socialista de utilizar esta situación “para sacar rédito político”.

En este punto, también ha intervenido el presidente Toni Pérez para afear a este grupo su proceder “haciendo política barata y enredando a la gente cuando esta Diputación no es competente en este asunto. “La Diputación tiene su cometido y ha cumplido sobradamente… son otras administraciones en este caso las que tienen que hacer cumplir la ley”, ha afirmado el presidente de la institución, quien no ha mostrado “ningún inconveniente” en remitir a la Subdelegación de Gobierno el expediente con la intervención de la Diputación en esta cuestión tras pedírselo los grupos de la oposición. 

El pleno de abril también ha debatido una moción de Compromís para la creación de una línea de subvenciones para la recogida de residuos marinos por parte del sector pesquero, que ha salido adelante tras incorporar una enmienda del Grupo Popular para estudiar la situación y la posibilidad de impulsar estas ayudas.

La propuesta de Vox para el apoyo urgente de la raza de cabra murciano-granadina en la provincia de Alicante afectada por la paralización del transporte internacional, no ha contado, por el contrario, con el respaldo de ningún otro grupo político al entender, entre otras cuestiones, que no era competencia de la Diputación.

Tampoco ha salido adelante la moción presentada por el Grupo Socialista sobre el servicio TRAMnochador en la línea Dénia-Benidorm, solicitando su mejora y ampliación, ya que desde el equipo de gobierno se ha defendido que ya se está trabajando en ello desde la Generalitat Valenciana.

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El Grupo Socialista en la Diputación de Alicante ha votado este miércoles en contra de permitir desbloquear más de 400 millones de euros de la Diputación para invertirlos en la provincia de Alicante. Los diputados socialistas se han opuesto así a la moción presentada por el Grupo Popular -y que sí han apoyado el resto de los grupos que conforman la institución- en la que se reclamaba al Gobierno de España el levantamiento de la regla de gasto, que impide a los ayuntamientos alicantinos y a la Diputación Provincial gastar los ahorros en inversiones para los ciudadanos.

“Los socialistas se han quedado solos en esa negativa a pedir a Pedro Sánchez que permita el uso de nuestros ahorros”, ha señalado la vicepresidenta y portavoz del Grupo Popular, Ana Serna. “No quieren pedirle nada a Sánchez, no quieren reclamar a su jefe lo que tanto necesitan los ayuntamientos y sus ciudadanos. Es simplemente lamentable ver lo poco que luchan por los intereses de los alicantinos y alicantinos”, ha añadido Serna.

La moción presentada por el Grupo Popular en el pleno ordinario de este miércoles, que ha salido adelante con todos los votos del pleno a excepción de los de los diputados socialistas, solicitaba poder hacer uso de forma libre de los remanentes de tesorería y por tanto poder gastarlos para uso general por el perjuicio que está suponiendo limitar su gasto a inversiones financieramente sostenibles.

“Han dicho que no claramente a una ayuda que necesitan todos los ciudadanos de esta provincia, con la crisis de Irán como telón de fondo que suponen un esfuerzo económico para las familias”, ha dicho Serna.

“Al final, esta Diputación y entiendo que también los ayuntamientos quieren y desean poner ese dinero a disposición del ciudadano y mejorar todos sus servicios, y más si cabe en una provincia maltratada por Sánchez, donde no hay inversión estatal, ni financiación y donde por no haber, no hay ni presupuestos Generales del Estado porque una vez más están prorrogados, prorrogando así la agonía inversora de la provincia de Alicante, la última de toda España en inversión per cápita en los presupuestos estatales”, ha zanjado Serna.

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La secretaria general del PP de la Provincia de Alicante, Ana Serna, ha pedido hoy a la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, que aclare cuanto antes a los alicantinos aprovechando su visita este fin de semana en Alcoy si va a reclamar a Sánchez la liberalización de los ahorros de los ayuntamientos de la provincia y de la Diputación de Alicante.

“Sin presupuestos desde 2023, a la cola en inversión del Estado y con los ahorros de ayuntamientos y Diputación bloqueados en los bancos. Esa es la realidad a la que nos somete Sánchez “, ha lamentado la secretaria general del PP. En este sentido, ha dicho que “es necesario que Morant aclare ya a los alicantinos si va a reclamar a Pedro Sánchez la liberalización de los ahorros de los ayuntamientos de la provincia de Alicante y de su Diputación, que les recuerdo que en el caso de esta institución provincial superan los 400 millones de euros”.

La dirigente popular ha señalado que “más de mil millones de euros de los ayuntamientos y de la Diputación de Alicante permanecen en los bancos sin poder ser utilizados, porque este Gobierno lo impide”, a pesar de “la insoportable subida de la cesta de la compra y el previsible incremento de los precios como consecuencia de la inestabilidad internacional y la guerra en Oriente Medio”.

Por ello, Ana Serna ha exigido a Diana Morant y al PSPV-PSOE que “dejen de mirar hacia otro lado y reclamen a Pedro Sánchez el levantamiento inmediato de estas reglas fiscales que asfixian a nuestras instituciones y a nuestros ciudadanos”. “Estamos ante un Gobierno que tiene a los alcaldes reos de sus políticas económicas, los alcaldes hacen bien su trabajo, ahorran pero luego no pueden gastar ese dinero”, ha criticado.

Serna ha lamentado que Diana Morant “representa al Gobierno que más ha ignorado y maltratado a la provincia Alicante, es un referente del Ejecutivo Central que más daño ha hecho a esta provincia”. Ha recordado que España continúa “desde 2023 sin unos Presupuestos Generales del Estado”, lo que evidencia “la falta de proyecto y de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con los ciudadanos y, especialmente, con la provincia de Alicante”. “Desde 2023 somos la última provincia de España en inversión del Estado”, ha dicho, una situación que considera “insostenible e injustificable y que lastra el desarrollo económico y social del territorio”.

Asimismo, Serna ha denunciado el “abandono sistemático de las grandes infraestructuras que necesita la provincia para seguir creciendo”. Entre ellas, ha destacado la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante-Elche y el Corredor Mediterráneo, “proyectos fundamentales que acumulan años de retraso y que deberían ser ya una realidad”.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR

El Grupo Popular llevará al próximo pleno ordinario una moción para exigir al Gobierno de España que levante el bloqueo de los remanentes de tesorería ante las dificultades económicas que supone taponar mil millones de euros en la provincia, sobre todo ante la subida de precios de los carburantes, la cesta de la compra y la falta de inversiones del Gobierno de España.

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El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant ha solicitado formalmente la convocatoria de un pleno extraordinario de fiscalización ante la inacción del equipo de gobierno del Partido Popular en relación con el proceso de adjudicación y comercialización de viviendas protegidas en el sector Nou Nazareth.

Según explican los socialistas, esta decisión se adopta como último recurso institucional tras un mes sin explicaciones públicas ni comparecencias políticas, pese a la gravedad de los hechos denunciados y al creciente número de reclamaciones ciudadanas registradas en el Ayuntamiento.

Además, el Partido Socialista recuerda que, en la rueda de prensa ofrecida la semana siguiente a conocerse los hechos, se puso a disposición de cualquier ciudadano o ciudadana que careciera de información o necesitara asesoramiento. Desde entonces —señalan— son muchas las quejas trasladadas por vecinos y vecinas ante lo sucedido, una situación que, a su juicio, exige respuestas inmediatas por parte del gobierno municipal.

La portavoz del PSOE en Sant Joan, Esther Donate, ha sido contundente al justificar la decisión:

“Ha pasado un mes desde que tuvimos conocimiento de este caso y, durante todo este tiempo, el gobierno municipal no ha ofrecido ni una sola explicación clara a la ciudadanía. Cuando hablamos de vivienda pública, el silencio no es una opción. Ante un caso así la concejala de vivienda no puede estar un mes sin declarar nada.”

Un mes sin respuestas ni comparecencias

El Grupo Socialista recuerda que desde el primer momento ha insistido en la necesidad de abordar el asunto con la máxima transparencia institucional y ha solicitado reiteradamente la comparecencia de la concejala responsable del área de Vivienda, Charo Tomás, que no ha realizado ninguna declaración pública en todo este periodo.

Además, los socialistas han presentado alegaciones formales al procedimiento administrativo iniciado por el Ayuntamiento y han exigido la creación de una comisión de investigación que permita esclarecer los hechos, con la participación de todos los grupos políticos, técnicos municipales, la empresa promotora y la comercializadora.

“No estamos ante un asunto menor. Estamos hablando de viviendas protegidas, de dinero entregado por personas, que ahora mismo están desprotegidas, y de un proceso que debe ser absolutamente transparente. Lo mínimo que se puede exigir es dar la cara y explicar qué ha ocurrido”, ha señalado Donate.

Posibles irregularidades en la comercialización de viviendas protegidas

Entre las cuestiones que han generado mayor preocupación, el PSOE señala que se habrían producido reservas de viviendas y entregas de cantidades de 1750 euros a cuenta antes de la formalización del contrato y de la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias, lo que podría suponer un incumplimiento del régimen jurídico aplicable a las viviendas de protección pública.

Asimismo, se ha constatado que algunas viviendas habrían sido publicitadas como segunda residencia, una circunstancia incompatible con la finalidad social de este tipo de promociones.

“Como ya advertimos tras ser conocedores por un vecino, aunque la empresa lo haya negado, es una realidad que lo publicitaba como segunda residencia. Incluso en la documentación que la propia empresa ha aportado al Ayuntamiento aparece esta publicidad”, asegura Donate.

Estas actuaciones podrían vulnerar la normativa autonómica en materia de vivienda protegida y comercialización de viviendas en construcción, lo que obliga —según los socialistas— a una supervisión estricta por parte del Ayuntamiento como órgano de contratación y garante del interés público.

El pleno extraordinario, último recurso para exigir explicaciones

Ante la falta de respuestas políticas y administrativas, el PSOE ha registrado la solicitud de un pleno extraordinario con el objetivo de que la concejala de Vivienda comparezca públicamente y el gobierno municipal dé explicaciones detalladas sobre la gestión del proceso.

“Hemos agotado todas las vías. Hemos pedido información, hemos presentado alegaciones, hemos solicitado una comisión de investigación, hemos pedido la lista con nombres y apellidos de las personas que reservaron y hemos esperado respuestas. ¿Y qué han hecho ellos? Nada. La única herramienta que nos queda ahora es obligar al gobierno a dar explicaciones en un pleno extraordinario”, ha afirmado la portavoz socialista.

No obstante, el grupo municipal ha dejado abierta la puerta a retirar la solicitud si el alcalde actúa antes de que expire el plazo legal de 15 días para la convocatoria del pleno.

Condición clara: una comisión de investigación con toda la información

El PSOE ha advertido que retirará la solicitud del pleno extraordinario si el alcalde convoca de forma inmediata una comisión de investigación real y efectiva, con acceso a toda la documentación y con la participación de los grupos de la oposición.

“Si el alcalde convoca una comisión de investigación transparente, con toda la información encima de la mesa, no tendremos ningún problema en retirar el pleno. Lo que queremos no es ruido político, sino transparencia, responsabilidades y garantías para la ciudadanía”, ha concluido Esther Donate.

Contexto del expediente

La parcela municipal RC1-7(A), situada en el sector Nou Nazareth y destinada a la construcción de viviendas de protección pública, fue adjudicada en diciembre de 2025 tras un proceso de licitación pública iniciado en 2023. Desde entonces, se han registrado recursos administrativos y reclamaciones ciudadanas que apuntan a posibles irregularidades en la comercialización previa de las viviendas.

El PSOE insiste en que el Ayuntamiento, como órgano responsable del proceso, debe garantizar el cumplimiento de la legalidad y la defensa del interés público en una materia tan sensible como el acceso a la vivienda protegida.

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